TPP-México: Pronunciamiento en contra de la reforma energética

EN CONTRA DE LA LEGALIZACIÓN DEL SAQUEO DE LAS RIQUEZAS NACIONALES
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE MÉXICO

El Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA manifiesta su rechazo a la Reforma Energética, por la que se pretenden imponer diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía.

Declaramos:
La guerra que los gobiernos neoliberales han emprendido en contra del contenido social y el espíritu nacionalista de la Constitución mexicana de 1917, patente en el desmantelamiento y erosión progresiva de instituciones, servicios públicos y derechos, atraviesa por momentos críticos.

La desviación neoliberal del poder económico, político y cultural del Estado mexicano, el quebrantamiento del rol de garante que le corresponde respecto de la satisfacción del interés público, la infracción de sus deberes de cuidado atribuidos histórica e institucionalmente en relación con las condiciones materiales de la vida social del pueblo de México, la usurpación legal de la soberanía perpetrada por los representantes políticos de la ciudadanía, su puesta en peligro de la seguridad nacional, la reconfiguración cooptada del Estado impulsada por el poder presidencial y la partidocracia mexicana, las contrarreformas anticonstitucionales y la legalización de múltiples injusticias y agravios, impulsadas y avaladas todas ellas por las autoridades mexicanas, la consolidación oficial de una política de gobierno entreguista y represora, promotora del régimen de privilegios particulares, despojos generalizados y violencia estructural que padecen los pueblos y comunidades del país, las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos de las y los mexicanos, el desamparo institucional, el cerco mediático y la desinformación impuestos a la población en su conjunto, así como la política injerencista del gobierno de los Estados Unidos de América y la forma imperial en que éste ejerce la hegemonía del mercado mundial capitalista, constituyen el escenario sobre el cual las élites y partidos políticos mexicanos, así como las grandes empresas petroleras norteamericanas, pretenden avanzar hacia la culminación del saqueo y apropiación privada de las riquezas nacionales, bienes comunes y recursos naturales de la nación mexicana.

Denunciamos:
La apertura del sector energético a la inversión extranjera directa hace compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el TLCAN hasta ahora inaplicables, entre ellas las relativas a las regalías pro empresariales del Capítulo XI, incluidas las normas referentes al régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje, además de que volverá nulatorias las reservas interpuestas por México al Capítulo VI.

Consolida entonces la subordinación del país al capital norteamericano a partir de la anulación de su autonomía patrimonial, la confirmación de su dependencia financiera, económica y técnica, y su confirmación como país proveedor de materias primas, fuerza de trabajo súper explotable, mercado de productos residuales y depósito de desechos ingestionables o de difícil tratamiento.

La implementación de la anticonstitucional reforma entraña la comisión dolosa del delito de traición a la patria, ya que:

a) Pone en peligro la seguridad y la soberanía energéticas, compromete la independencia nacional, atenta en contra de la seguridad y la soberanía nacionales.

b) Quebranta la rectoría económica del Estado sobre el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, imposibilita el desarrollo nacional integral y sustentable al desclasificar la petroquímica y la generación, conducción, transformación y abastecimiento de energía eléctrica como áreas estratégicas.

c) Pone en entredicho la viabilidad del régimen democrático al afectarse las condiciones materiales que lo posibilitarían.

d) Obstaculiza el crecimiento económico y el empleo, contraría la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, anula el constante mejoramiento económico, social y cultural de las y los mexicanos.

e) Impide el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, dificulta el cumplimiento de las obligaciones del Estado relacionadas con la observancia de los derechos humanos, la interpretación conforme y el principio pro personae.

Señalamos 10 puntos de la contrarreforma energética que todos y todas debemos conocer:

Las objeciones en contra del Proyecto de Decreto que contiene la contrarreforma son de forma y de fondo.

A través de un análisis del decreto indebidamente aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y que actualmente ha sido aprobada fast track por más de 15  entidades federativas, hemos encontrado 10 puntos esenciales por los que consideramos que dicha contra reforma atenta contra la soberanía nacional y energética del pueblo mexicano.

1.- Únicamente el pueblo puede cambiar los principios que la Constitución sanciona justamente porque se trata de un acto soberano y sólo el pueblo detenta con legitimidad un poder de tal naturaleza.

2.- Las autoridades ordinarias no poseen atribuciones jurídicas para alterar la esencia o el espíritu del texto constitucional, pues con base en sus atribuciones convencionales sólo pueden modificarlo en fondo o en forma si no comprometen la existencia, sentido o realización de decisiones políticas fundamentales.

3.- El trámite legislativo que se le ha dado a la contrarreforma energética ha sido manipulado políticamente y gestionado de forma poco transparente, avalado principalmente por el llamado “Pacto por México”, cuyo objetivo ha sido imponer una agenda legislativa sin contenido social; asimismo, transgrede la normatividad interna del Congreso de la Unión y la reglamentación del proceso legislativo y del procedimiento de reformas constitucionales.

4.- La privatización y desnacionalización del sector energético constituye una alteración ilegítima e ilegal más del pacto social en torno al cual se intentó construir un proyecto soberano de nación y que, con todos sus límites y desviaciones, permitió la subsistencia y desarrollo del pueblo de México por varias décadas.

5.- El objetivo general de la contrarreforma energética es la entrega de recursos energéticos estratégicos y de la infraestructura correspondiente a empresas transnacionales.

6.- La conversión de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado implica la adopción de criterios gerencialistas de administración para la competencia, así como la destrucción del conjunto de rasgos que las caracterizaban como empresas públicas y las distinguían de las empresas del sector privado.

7.- El saqueo se consolida a través de la fragmentación de las actividades relacionadas con el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, además de que el vaciamiento de las áreas estratégicas y la entrega de las infraestructuras correspondientes nulifican todo posible desarrollo nacional integral. No se limitan las modalidades de contratación ni de contraprestaciones que pagará el Estado, y es a partir de esta flexibilidad que las empresas podrán contraer obligaciones con base en bienes que no les pertenecen y a partir de beneficios especulativos, además de que el control de reservas petroleras también les permitirá posicionar sus acciones y especular en la bolsa de valores.

8.- La apertura del sector energético a la inversión extranjera directa hace compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el TLCAN hasta ahora inaplicables, entre ellas las relativas a las regalías pro empresariales del Capítulo XI, incluidas las normas referentes al régimen de solución de controversias basado en el sistema internacional de arbitraje, además de que volvería nulatorias las reservas interpuestas por México al Capítulo VI.

9.- Ni la generación, conducción, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, la electricidad en su conjunto, ni la petroquímica básica, se reconocen más como áreas estratégicas del desarrollo nacional, por lo que el Estado puede otorgar concesiones y celebrar contratos sobre tales actividades, además de que los particulares sí pueden participar en ellas según lo dispongan las leyes reglamentarias. En el caso del petróleo y demás hidrocarburos se mantiene la prohibición para el otorgamiento de concesiones pero no subsiste más tratándose de los contratos, además de que las asignaciones hacen las veces de concesiones veladas.

10.- El manejo institucional de la contrareforma energética queda en manos de nuevos organismos creados ad hoc para facilitar y perpetuar la privatización y el despojo, facilitando el despojo de territorios de comunidades agrarias o indígenas, así como de particulares, beneficiando a las empresas privadas y al capital extranjero, cuyas actividades serán preferentes.

Manifestamos:
Una democracia amurallada no puede ser democracia. Que las sesiones de las Cámaras deban desarrollarse bajo el resguardo de mallas metálicas y policías pone en evidencia la fragilidad de la democracia mexicana y la descomposición de la vida política nacional. Las cúpulas partidistas están muy lejos de conformar una democracia auténtica y participativa, pues han abandonado el diálogo y la discusión real para sustituirlo por acuerdos excluyentes que se concretan en legislaciones apartadas de la sociedad y contrarias a las necesidades sociales reales.
La partidocracia voraz y los intereses privados se esconden tras un cerco que muestra la ruptura y el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes autonomizados, que visibiliza el secuestro de la política por algunos y la exclusión de amplias masas de población. Las reformas que son producto de democracias simuladas y deficitarias están viciadas de origen: aunque cumplan con los requerimientos legales de los procedimientos legislativos carecen de toda legitimidad y competencia para alterar drásticamente la vida de las personas y el destino de la nación.

Por todo lo anterior, consideramos que la contrarreforma energética NO SOLUCIONA la crisis energética, ambiental y económica de nuestro país, TAMPOCO GARANTIZA su independencia ni su desarrollo económico integral y sustentable, MENOS AÚN ASEGURA el fortalecimiento de la soberanía nacional ni la democratización política, social y cultural de México.

Apoyamos la lucha de todos aquellos sectores de la sociedad, colectivos y ciudadanos de a pie que han optado por la resistencia, la protesta y la defensa social legítima.

Respaldamos los pronunciamientos y acciones orientadas a:

- La aprobación de la contrarreforma energética y su implementación al estar en juego recursos e infraestructuras estratégicas para la construcción y desarrollo de una nación independiente y libre.

- Exigir la imputación de responsabilidad jurídica a los representantes, funcionarios públicos, partidos políticos, empresas, intelectuales, líderes de opinión y otras personas involucradas en la puesta en peligro de la seguridad y la soberanía energéticas, el atentado en contra de la seguridad y la soberanía nacionales, la comisión dolosa del delito de traición a la patria, así como por la violación, amenaza y destrucción de las decisiones políticas fundamentales que encomiendan al Estado mexicano el resguardo de un proyecto de nación basado en los contenidos sociales y nacionalistas de la Constitución Política de 1917.

- Generar espacios públicos de participación social auténtica en los que se informen y discutan a profundidad alternativas reales de desarrollo energético compatibles con el respeto de la soberanía nacional, la satisfacción de las necesidades históricas y actuales del pueblo de México, el desarrollo democrático integral del país, la observancia de los derechos de la población y la dignidad de sus pueblos y comunidades.
 

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